En su propuesta de modificación el MIVHED sugiere que los propietarios de casas cobren una fianza para garantizar el pago de las facturas a las empresas de servicios públicos como energía eléctrica, agua o telecable. Además, busca crear un fondo para destinarlos a casas transitorias disponibles para aquellos que no puedan pagar su renta.
El costo de la fianza para los servicios será de tres pagos de facturación, aumentado en un 50%
El MIVHED, dirigido por el ministro Carlos Bonilla, propone a la comisión especial de diputados que estudia la pieza que, al momento de hacer un contrato de alquiler, el propietario “pueda exigir” el pago de la fianza, que en ningún caso excederá el valor de los servicios públicos correspondientes a dos períodos consecutivos de la facturación.
El documento que entregó el Ministerio establece que el propietario “podrá abstenerse” de cumplir las obligaciones del contrato hasta que reciba la fianza para pagar los servicios y dispone que el contrato quedará terminado de forma automática si el inquilino no costea la fianza dentro de un plazo de quince días a partir del momento de la firma del contrato.
Entre los cambios que quiere integrar la entidad al proyecto de ley, busca que el pago de los servicios sea asumido exclusivamente por el inquilino, pero cuando existan atrasos constantes en los pagos de alguno de estos servicios, la empresa afectada podrá exigir al propietario, la fianza que éste recibió cuando se firmó el contrato de alquiler.
En su última sugerencia sobre el tema, el MIVHED plantea que las empresas prestadoras de servicios de comunicación, agua y energía eléctrica no puedan negar la solicitud de nuevos contratos bajo el pretexto de facturas en atraso por parte de inquilinos o propietarios anteriores.
“Casas transitorias”
Dentro del grupo de modificaciones entregadas al equipo de diputados, la entidad gubernamental aspira a crear un stock de viviendas para los inquilinos que se vean imposibilitados de pagar el alquiler y que, por ello, deban abandonar las casas que rentaron.
Con esto, el MIVHED se propone proteger a los inquilinos “en su derecho a una vivienda sin afectar las condiciones financieras de los propietarios”.
Para esto, aparte de facilitar casas transitorias, la institución habilitará un fondo público de garantías de alquiler y propone un programa para proporcionar apoyo jurídico del Estado a quienes tengan que enfrentarse con propietarios que pretendan desalojarlos.
En su propuesta, el MIVHED agrega un artículo que dispone que el precio del alquiler de una vivienda no podrá superar el 1.5% del valor comercial del inmueble y, en todos los casos, el ajuste del precio será reglamentado por el MIVHED utilizando referentes de insumos de construcción, cambio en condiciones macroeconómicas y del salario mínimo.
Conjuntamente, en otro punto de la iniciativa, el MIVHED se propone como responsable de hacer una reglamentación para definir de forma anual el valor del porcentaje de ajuste de los precios según el destino de los contratos de alquiler. En consecuencia, deberá definirse si el inmueble alquilado será usado para vivienda, fines comerciales o industriales.
Incentivos fiscales
El MIVHED sugiere al Estado crear incentivos fiscales que fomenten la construcción de casas destinadas al alquiler y que incluyen reducción de impuestos a quienes fijen precios justos, también, deducciones impositivas para quienes mejores estructuras físicas destinadas para negocios e incentivos fiscales a los inquilinos que mantengan sus pagos al día, así como beneficios tributarios para los extranjeros que construyan proyectos de inversión destinados para alquilar.
Estos incentivos persiguen promover “una mayor estabilidad y sostenibilidad en el mercado”.
Comisión se reúne mañana para analizar propuestas
El diputado Eugenio Cedeño, presidente de la comisión especial que estudia el proyecto, anunció que el equipo que dirige se reunirá mañana, martes y, durante el encuentro, pretenden escuchar de forma presencial el paquete de sugerencias que emitieron los diferentes sectores acerca de la pieza.
La propuesta de la Finjus
En otra propuesta de modificación entregada a la comisión de diputados, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) busca que el proyecto que analizan los congresistas sea dispuesto únicamente para viviendas y no para locales comerciales o industriales, como lo establece la pieza que aprobaron los legisladores en primera lectura.
Según Finjus, si los locales comerciales se incluyen en la ley, se afectaría el sector productivo y se perjudicaría el dinamismo de la inversión, por lo que propuso dejar fuera del proyecto de alquileres a los locales comerciales, industriales y turísticos y basar estos en el derecho civil y el principio de autonomía de las partes.
La pieza fue propuesta por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y por el legislador Rafael Castillo. Fuente:Diariolibre
