La investigación especial se practicó a la construcción del Metro de Santo Domingo de parte de la Opret, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017, tiempo en el que el ingeniero Diandino Peña estaba al frente de esa entidad.
La investigación indica que las irregularidades comprometen la responsabilidad civil y penal de los funcionarios a cargo en ese entonces y en sus conclusiones plantea que “Procede informar al Ministerio Público para que ejerza las atribuciones que le confiere el artículo 169 de la Constitución, en su calidad de órgano con el monopolio de la acción penal pública”.
Como parte de los hallazgos que presenta, el informe refiere un monto de RD$14,638,152,328 en expedientes de contratos carentes de documentación soporte, así como otros RD$6,296,778,314 en procedimientos de contrataciones sin evidencia de publicaciones de convocatorias.
También procesos ejecutados basados en urgencias sin cumplir con los requisitos estipulados, por un monto de RD$5,022,079,047.
Al describir los hechos en que se basan, la Cámara de Cuentas afirma que en la construcción de obras en el puente ferroviario sobre el río Ozama, que la entidad no agotó una correcta etapa de planificación, observando un aumento de cubicación de más de un 30 % del costo total del proyecto respecto al monto originalmente contratado.
También, que las partidas para los trabajos de levantamiento de un muro de contención, que debía ser parte de dichas obras, no se incluyeron en el contrato original y que esos trabajos fueron contratados por separado. Agrega que eso trajo como consecuencia que “El monto presupuestado originalmente de RD$ 1,896,342,731, aumentara a un total pagado de RD$2,425,387,952”.
La falta de planificación se observó además en la contratación de los servicios de dirección técnica y supervisión para la construcción del puente ferroviario a la empresa Yellow Ingenieros & Arquitectos.
También dicen haber comprobado la existencia de documentos que indican el inicio y ejecución de los trabajos de dos empresas, Atteco, RNC y Pretedosa, RNC, sin que la entidad hubiese dado inicio al proceso de contratación. Dichos contratos fueron por montos de RD$365,800,000 y de RD$235,558,541, respectivamente.
La Cámara de Cuentas también dice que la Opret suscribió cuatro contratos de adendas que exceden el 25 % del contrato original, que sumados llegan a RD$227,180,252. El incremento de los contratos fluctúa entre el 30 % y el 52 %, en violación de la Ley 340-06 sobre Contrataciones Públicas.
También que realizó pagos a diez contratos de obras por concepto de la primera cubicación por montos inferiores al 100 % del monto otorgado como avance, quedando pendientes de ser cubicado uno RD$ 108,410,318.
En contraposición, también “se confirmó que la entidad realizó pagos por encima del monto establecido en los contratos de obras por un monto ascendente a RD$7,832,844., sin que se evidenciara adenda que justifique esos pagos”, entre otros señalamientos.
La Cámara de Cuentas indica que, al analizar los expedientes de expropiaciones, verificó que la Opret no dispone del decreto o resolución que declare de utilidad pública o interés social los terrenos expropiados en la construcción de la línea 2-B del metro de Santo Domingo. También que las expropiaciones se realizaron sin manual de procedimiento y que se hicieron pagos por desalojos y traslados a unas 429 personas que serían afectadas con la construcción de dicha línea sin evidenciarse contratos de alquiler o documentaciones justificativas entre propietarios e inquilinos o con contratos sin firma, por orden de 28 millones de pesos. Señala otros RDS606,330,944 en pagos de expropiaciones que superan el monto de la evaluación. Fuente:Diariolibre
