"En los últimos años, el fiscal general procesó varios casos contra funcionarios públicos, incluidos políticos de alto nivel y sus familias, aunque la mayoría aún no habían sido procesados en los tribunales y la capacidad del sistema legal para hacerlo con éxito seguía en duda", resalta el informe en el apartado sobre corrupción y falta de transparencia del Gobierno.
El documento del Gobierno estadounidense se hace público en momentos en que en la nación vive un nuevo caso de supuesto desfalco al erario que involucran a importantes exfuncionarios de los dos períodos presidenciales de Danilo Medina (2012-2016-2016-2020).
Este fin de semana el Ministerio Público realizó unos 40 allanamientos en diferentes partes del país y dispuso el arresto de al menos 19 personas, entre ellas los exministros de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; de Hacienda, Donald Guerrero, y el Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, en el marco de la Operación Calamar .
"El 28 de agosto, el juez coordinador del Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional autorizó a PEPCA a avanzar la investigación de corrupción contra Donald Guerrero, ministro de Hacienda, durante el gobierno de Medina de 2016 a 2020", resalta el informe sobre las pesquisas contra el exfuncionario que iniciaron en 2021 y de las que se desprende su arresto en la madrugada del domingo.
El documento pone en evidencia que el Gobierno encabezado por Luis Abinader "implementó la ley de manera efectiva" y que la Pepca investigó a funcionarios presuntamente corruptos, sin embargo, la corrupción gubernamental sigue siendo un "problema grave" en el país.
Impunidad contra el abuso
El Gobierno estadounidense asegura que tiene "informes creíbles" de que en el país ocurrieron homicidios ilegítimos o arbitrarios por parte de agentes de la Policía Nacional y miembros de la Dirección General de Migración (DGM), así como trato o castigo cruel, inhumano o degradante por parte de estas autoridades; detención arbitraria e injerencia en la privacidad de los ciudadanos y de los migrantes haitianos indocumentados.
"El gobierno tomó medidas en algunos casos para enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o actos de corrupción, pero la aplicación incoherente e ineficaz de la ley a veces condujo a la impunidad", es la conclusión del informe, el cual se ha mantenido invariable en varios años para la República Dominicana.
A estas violaciones también se suman condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales y violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales.
El documento cita a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (NHRC), la cual indica que al menos 170 personas fueron asesinadas durante el 2022 por la Policía. Además, explica que la mayoría de estos casos no se denunciaron "a la falta de fe del público en el gobierno para investigar y presentar cargos o por temor a represalias por parte de la Policía".
En el caso de la tortura, golpes y abuso físico, el informe resalta la muerte de los jóvenes José Gregorio Custodio, Richard Báez (el Peluquero) y David de los Santos a principios de año mientras se encontraban bajo custodia policial. Estos tres caso, sobre todo el de David de los Santos, conmocionaron a la sociedad dominicana e impulsaron un reclamo más fuerte de una reforma policial.
Asimismo, señala el "trato duro y, a menudo, degradante" de las autoridades migratorias contra los migrantes haitianos indocumentados y apátridas de ascendencia haitiana durante las detenciones y deportaciones, situación que no ha cambiado aún bajo la dirección de Venancio Alcántara Valdez.
"En agosto, el gobierno nombró un nuevo director general de la DGM. Según observadores internacionales y de la sociedad civil, bajo el liderazgo del nuevo director general, continuaron las prácticas y conductas problemáticas de los agentes de la DGM", destaca el informe.
Condiciones de las prisiones
El informe, elaborado por el Departamento de Estado, establece que las condiciones en las prisiones y centros de rehabilitación correccional (CRC) de la República Dominicana van desde el "el cumplimiento general de las normas internacionales en los CRC hasta condiciones duras y potencialmente mortales en las prisiones".
El gobierno estadounidense subraya hacinamiento, violencia, abuso físico y las malas condiciones sanitarias y de vida como los principales problemas que afectan a los privados de libertad en las prisiones del "antiguo modelo" del país.
Indicó que ninguna de las prisiones del modelo anterior en el país está debidamente equipada para brindar tratamiento contra el VIH y el Sida a los reclusos, a pesar de que la enfermedad fue la principal causa de muerte entre esta población. Los presos con problemas de salud mental tampoco son bien tratados en las cárceles dominicanas, ya que los servicios son inadecuados o inconsistentes con sus necesidades. Fuente: Diariolibre
