Homero Figueroa, vocero del Gobierno, indicó que esta acción se hace respondiendo a la inquietud ciudadana producida por este proyecto y que su reintroducción se hará en un plazo no mayor a los 45 días.
Asimismo, reiteró que el gobierno del presidente Luis Abinader no aceptará ningún acuerdo o norma que convierta al país en receptor de ciudadanos haitianos afectados por la inestabilidad política allí.
“Como vocero del presidente Luis Abinader reitero la posición oficial: Este gobierno no aceptará ningún acuerdo o norma que nos convierta en receptor de ciudadanos haitianos afectados por la inestabilidad política en Haití. La razón es simple: como país de recursos limitados el suministro de servicios públicos a la población migrante irregular impacta negativamente las políticas sociales dirigidas a los ciudadanos dominicanos”.
El proyecto de Ley fue introducido al Congreso por el Poder Ejecutivo el pasado 22 de diciembre.
La citada iniciativa busca proteger los derechos de las víctimas de trata, pero ha recibido cuestionamientos por sectores que entienden que abre las puertas a que los inmigrantes ilegales haitianos puedan permanecer en el país.
Todos del mismo lado
“Pero como sociedad democrática que somos conviene que el sometimiento de cualquier proyecto de Ley sea corregido por el debate civilizado y la crítica constructiva. Recuerden que somos un gobierno que escucha. Nunca hemos dudado, cada vez que las circunstancias lo han exigido, en tomar la decisión más conveniente al interés nacional”, aseguró.
Figueroa señaló que se debe tener presente que la ausencia del imperio de la ley en Haití implica riesgos políticos, sociales, económicos y de seguridad permanentes para la República Dominicana, por lo que este es el momento de estar unidos para defender la Patria.
“Todos debemos sentarnos del mismo lado de la mesa nacional. La defensa enérgica y responsable ante cualquier injerencia externa caracteriza al gobierno del presidente Luis Abinader. Esta no será la excepción”, aseguró.
Y agregó: “Haití es un problema para los haitianos y la comunidad internacional. Una vez más, para que quede claro, no hay ni habrá solución dominicana para el problema haitiano”.
El punto más criticado en el proyecto de ley fue el “Principio de no devolución” en el punto que señala que: “En el caso de migrantes objeto de tráfico ilícito, este principio opera ante pedido de asilo o refugio, cuando su derecho a la vida o a la libertad personal esté en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas”.Otra parte del proyecto de ley que fue combatida fue el artículo 34, que se refiere a la contribución especial que toda persona jurídica o entidad deberá pagar en base a sus ingresos para luchar contra la trata. Los montos a pagar van desde RD$150 pesos y hasta los RD$78 mil, este último para empresas con ingresos de más RD$100 millones.
Las controversias
El tema del “principio de no devolución” generó controversias con los detractores de la ley, que alegan que este podría ser interpretado como una llave para que los inmigrantes ilegales pudieran tener recursos para permanecer de manera definitiva en el país.
El Poder Ejecutivo, sin embargo, alegó que con el proyecto pretende que se le atribuyan nuevas funcionales a la Comisión Interinstitucional para el Combate a la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes de República Dominicana (Citim).
Integrantes comisión
Esto para “dar una respuesta coordinada de todas las instancias que políticamente administran y suplen los servicios de atención a las víctimas, cuya Presidencia será ejercida de manera rotativa cada dos años, conforme al orden sucesivo indicado en el artículo de integración del pleno, el cual está determinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio Público, de la Mujer, un representante del Poder Judicial designado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia; la Dirección General de la Migración, el Consejo Nacional de la Niñez, la Policía Nacional, el Ejército de la República, Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de Migración, el Ministerio de Turismo, de Interior y Policía, la Armada de la República Dominicana, el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, el Ministerio de Educación y el Servicio Nacional de Salud (SNS)”.
“A través de este proyecto de ley, el Estado responderá integralmente a la trata de personas en todas sus modalidades, la explotación sexual, la esclavitud sexual, el matrimonio o unión forzada, el matrimonio o unión servil, la adopción irregular, la esclavitud, la venta o alquiler de niñas, niños o adolescentes, el trabajo forzado, la mendicidad forzada, la explotación laboral, la utilización de niñas, niños y adolescentes en la comisión de hechos delictivos, extracción ilícita de órganos, el tráfico ilícito de órganos, la experimentación biomédica ilícita y otras formas de explotación”, dijo el mandatario Abinader en su carta a Eduardo Estrella, presidente del Senado, al depositar el proyecto.
Acuerdos firmados
En diciembre del 2000, la República Dominicana, junto a otros 147 países, asistió a Palermo, Italia, para participar de una conferencia política de alto nivel para la firma por parte de los Estados de la nueva Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Transnacional Organizada.
También firmó el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, que complementa la Convención de las ONU contra la Delincuencia junto a otros 79 países y, además, firmó el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire.
La directora ejecutiva de Participación Ciudadana, Fátima Lorenzo, consideró el pasado viernes que ha habido confusión en relación a lo que establece un proyecto de ley sobre la trata de personas y lo que indica sobre el tráfico ilícito de migrantes.“Esta propuesta de reforma lo que hace es darle una mirada desde los derechos humanos al tema de la trata”, expresó Lorenzo a los periodistas en su participación en la presentación de las prioridades del Poder Judicial para el 2023.Especificó que el proyecto busca dignificar el trato que se le debe dar a las personas víctimas de trata que, según investigaciones de Participación Ciudadana, las mujeres, las niñas y los niños son los principales afectado en el país.“Es decir, que no sean victimizados, sino que se haga un proceso de acompañamiento porque, por lo general, estas son personas que, primero fueron llevadas a esa situación en una especie de rapto; generalmente las tienen en condiciones que no pueden comunicarse con otras personas y que tienen una vulnerabilidad muy grande”.El pasado 22 diciembre de 2022 el Poder Ejecutivo depositó ante el Senado un proyecto de ley que modernizaría la legislación vigente sobre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. La actual ley (la número 137-03) ha sido calificada de desfasada y que no se adapta a los nuevos tiempos y a las nuevas formas en que se pueden captar víctimas de trata.El informe sobre la trata de personas de 2022 que emitió el Departamento de Estado de Estados Unidos criticó que en la República Dominicana todavía la legislación establece como requisito el probar la fuerza, el fraude y la coerción de las víctimas de la trata sexual de menores de 18 años.El actual proyecto fue elaborado por varias instituciones entre ellas los ministerios de Relaciones Exteriores, de la Mujer y la Procuraduría General de la República. Las autoridades también se consultaron entidades de la sociedad civil. Fuente: Diariolibre
