Esta comisión, creada por el Decreto 333-22, tiene el propósito de unificar criterios sobre la regulación legislativa del referido derecho fundamental.
El jurista Namphi Rodríguez fue designado director ejecutivo de la comisión, integrada también por Miguel Antonio Franjul, Inés Aizpún Viñes, Persio Maldonado, Luis Eduardo Lora Iglesias (Huchi), Edith Febles Batista, Eric Raful Pérez, Hermógenes Acosta de los Santos, Miguel Ángel Prestol González, Jimena Conde Jiminián, Aurelio Henríquez, Elvira Lora Peña y Gabriela Beltré.
De cara a hacer de la eventual propuesta de ley el resultado de un consenso con la sociedad civil, la comisión queda facultada para programar mesas de trabajo con los distintos sectores vinculados a la libertad de expresión y difusión.
La comisión consultiva debe presentar el borrador del instrumento normativo, en un plazo no mayor de noventa días.
Anoche, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) expresó su apoyo a la comisión y dijo confiar en que los comisionados construirán una propuesta conforme a la Constitución y a los precedentes del Tribunal Constitucional.
Rechazo
Las iniciativas provenientes del gobierno tendentes a modificar la legislación de prensa para restringir la libertad de expresión encontraron el rechazo unánime de los medios de comunicación, dirigentes políticos y abogados
Entre los dirigentes políticos que se expresaron en contra de leyes que vulneren los derechos de libre expresión está la vicepresidenta Raquel Peña: la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, ambas dirigentes del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM).
El diputado Tobías Crespo, quien declaró que el proyecto sobre ciberseguridad era suyo y fue plagiado por el gobierno introduciéndole aspectos que vulneran la libertad de expresión.
En editoriales, Listín Diario ha manifestado su rechazo a todo intento de poner cortapisas a la libertad de expresión.
Fundación rechaza
La Fundación Equidad y Justicia Social expresó su rechazo a la pieza legislativa que busca regular los derechos a la intimidad, al honor, por considerala violatoria de la Constitución.
Lorenzo Merán, presidente de la Fundación, dijo que en vez de ocuparse en aprobar leyes para garantizar el respeto a los derechos fundamentales, tratan coartar el derecho de expresión. Fuente:Listindiario
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