No obstante, este no ha sido el único escándalo registrado en un consulado o por un cónsul, siendo el más reciente el caso de Jeremías Jiménez Cruz, exconsul general en Kingston, Jamaica. El exdiplomático fue sentenciado a mediados del mes pasado a 15 años en prisión tras declararse culpable de usar las conexiones de su cargo, que ostentó hasta 2017, para mover hasta 600 kilógramos de cocaína por avión, y alrededor de una tonelada en bote, a Estados Unidos.
En el juicio, el fiscal del Tribunal del Distrito Sur de Manhattan, Damian Williams, indicó que Jiménez Cruz “abusó de su posición como funcionario del gobierno para introducir grandes cantidades de cocaína en Estados Unidos”, afirmación que fue ratificada por la sentencia de la jueza Kimba M. Wood.
Jiménez Cruz también fue vicecónsul en la ciudad alemana de Frankfurt, consulado denunciado por la comunidad dominicana en Alemania, por las dificultades para lidiar con esas autoridades. Las quejas se produjeron en enero de 2017 cuando, según registros de periódicos locales, el encargado del consulado era Ramón Carreño. La incomodidad de los criollos fue tal que hicieron un llamado al entonces canciller, Miguel Vargas Maldonado, para que interviniera.
Carreño salió de la dirección en Frankfurt en 2020, luego de que el expresidente Danilo Medina firmara el decreto 29-20, donde lo pusieron al mando del consulado de Milán, Italia.
De acuerdo con reportajes de archivo las personas que entraron ilegalmente al país con documentos falsos, se dirigían a Estados Unidos.
Lo curioso del caso del excónsul es que mientras ocupaba ese cargo negó que esa entidad haya aumentado la tarifa de expedición de visados dominicanos para que ciudadanos haitianos ingresen al país. Asimismo, declaró que ni siquiera contemplaban tomar esta acción o que existían intermediaros para completar el proceso de visado, asegurando que trabajó con transparencia, siguiendo los lineamientos del Mirex.
Trabajos periodísticos comprueban que el precio de estas visas alcanza hasta los 200 dólares, a pesar de que lo máximo que permite la resolución 2-07 de Cancillería para este servicio es de 60 dólares.
También reportaron que al Estado dominicano le costó casi US$190 mil mensuales mantener sueldos de todos estos diplomáticos.
