“Se declara de interés nacional la recuperación del patrimonio público que se haya defraudado y se precisa que la recuperación de estos bienes, valores o derechos se invertirán en proyectos que mejoren la calidad de vida del pueblo dominicano, que es su verdadero propietario”, citó el documento difundido este miércoles por la Presidencia.
Según el comunicado, “este decreto refleja el compromiso firme de fortalecer la institucionalidad y poner fin a la inercia que históricamente se ha mostrado al momento de promover las acciones que procuren la restitución de bienes y recursos que han sido distraídos del patrimonio público, al amparo de diversas modalidades operativas, sea por la comisión de infracciones o ilícitos penales, como por omisiones, actos de negligencia e imprudencia o violaciones a las leyes”.
El decreto se instruye a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo la conformación de un equipo de abogados de reputada trayectoria, prestigio y notoriedad. Mientras que la contratación estará a cargo del Ministerio de la Presidencia.
De igual forma, se designó a Jorge Luis Polanco Rodríguez como coordinador general del equipo de abogados y a los señores José Luis Taveras, Claudia Álvarez Troncoso, Manuel Conde Cabrera, Rafael Rivas Solano y Fernando P. Henríquez como coordinadores de equipos.
También establece que el Poder Ejecutivo delega poder en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo “para que pueda dejar sin efecto -si lo entendiese necesario para los mejores fines del proceso- a
los abogados designados como coordinadores, así como para contratar a quienes les sustituyan en
tales funciones, en los mismos términos expresados en el presente decreto”.
Responsabilidades
El Poder Ejecutivo otorgó mandato expreso al equipo de coordinadores al que se refiere el decreto para que representen al Estado dominicano en los procesos judiciales y acciones legales de diversa naturaleza que sean identificadas como necesarias para recuperar bienes, fondos y valores distraídos del patrimonio público bajo cualquier modalidad operativa, ya sea por sustracción, incumplimiento, desviación, así como por la comisión de infracciones o ilícitos penales; omisión, negligencia, imprudencia o cualquier violación a las leyes.
Asimismo, instruye a todos los entes y órganos que conforman la Administración Pública centralizada o autónoma, bajo dependencia del Poder Ejecutivo, a identificar los casos de distracción de patrimonio público ocurridos, sean estos potenciales, sospechosos, presumibles o verificados tanto en el pasado como en el presente, en las instituciones que administran y a notificar al equipo de abogados contratado, que se instruye conformar en el artículo 2 del presente decreto, así como a prestar todas las asistencias, colaboraciones y facilidades que sean necesarias para la ejecución de los propósitos de este decreto. Fuente: Diariolibre
