Grandes juristas como Marino Vinicio Castillo, Abel Rodríguez del Orbe, Ramón Negro Veras, Mariano Germán Mejía, Rafael Luciano Pichardo y los fallecidos Ramón Pina Acevedo, Artagnan Pérez Méndez, Jottin Cury, Ramón Tapia Espinal, Domingo Rojas Nina, Juan Manuel Pellerano Gómez y Julio Ibarra Ríos, han legado enseñanzas para las actuales y futuras generaciones.
La línea de tiempo es larga y seguramente son muchos más los nombres que deben estar en esta lista tan relevante. Aún más, si su valiosa herencia tiene eco en las aulas universitarias donde se forjan los abogados del futuro
Se recibió de doctor en Derecho en la Universidad de Santo Domingo en 1954, regresando a San Francisco de Macorís a fin de incorporarse a la Oficina Lic. Pelegrín Castillo en la que desarrolló un intenso ejercicio de abogacía que abarcó todas las ramas del derecho, aunque prevaleció siempre su participación en los tribunales penales.
El ejercicio de la abogacía lo mantuvo parejo con una participación pública, no menos intensa en la política nacional, desempeñando funciones tales como diputado al Congreso Nacional en 1961; subsecretario encargado de la Secretaría de Estado de Trabajo en ese mismo año; miembro honorífico de la Comisión Nacional de Desarrollo en 1970; secretario de Estado miembro de la Comisión de Recuperación de Tierras del Estado y también Presidente Honorífico de la Refinería Dominicana de Petróleo en el año 1976; Presidente del Consejo Nacional de Drogas en el año 1996; Asesor del Poder Ejecutivo para el Programa de Lucha contra el Narcotráfico con rango de Secretario de Estado en el año de 2005; Miembro Honorífico del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo en el año 2009 y Presidente del Consejo Rector de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción en el año 2009.
Igualmente, director General de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) y asesor del Poder Ejecutivo para Programas de Lucha Contra Narcotráfico hasta el año 2015.
Representó al Estado dominicano como parte civil constituida en el juicio contra el expresidente Salvador Jorge Blanco y algunos de sus colaboradores en la denuncia-querella interpuesta por Marino Vinicio Castillo, el 31 de octubre de 1986 por violación de varios artículos del Código Penal Dominicano.
Publicó el libro La Corrupción Administrativa y puesto en circulación en el mes de abril de 1998, en la Primera Feria Internacional del Libro.
Ha sido un funcionario polémico y que ha tenido con frecuencias controversias por sus actuaciones en ciertos casos que ha tenido que intervenir en su calidad de sus funciones públicas.
El profesional del derecho que tiene una amplia trayectoria. Destacado por su entereza y pulcritud en el ejercicio de la abogacía.
Se inició en la política en 1956 formando junto a otros jóvenes de la época la organización “Los panfleteros de Santiago”. Es un militante de las mejores causas del pueblo por más de 50 años.
Fue designado como presidente de la Suprema Corte de Justicia por el Consejo Nacional de la Magistratura, en la sesión del 22 de diciembre de 2011.
Ha sido procurador General de la República en el perído 1998-1999; director del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (2000) y miembro suplente de la Junta Central Electoral en 1992.
Nació en la comunidad de Los Palmaritos, en el municipio de Castillo, provincia Duarte, el 27 de enero de 1946. Realizó sus estudios primarios en la escuela Olegario Tenares en Castillo y concluyó los secundarios en el liceo Osvaldo García de la Cocha en el mismo municipio. En 1971 obtuvo su doctorado en derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Graduado en 1961 de doctor en derecho en la Universidad de Santo Domingo. Realizó un postgrado en ciencias penitenciarias en la Universidad Católica de Chile. Profesor de procedimiento civil en las universidades Iberoamericana (UNIBE) y Nacional Pedro Henriquez Ureña (UNPHU).
Árbitro del Consejo de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio del Distrito Nacional. Consultor Jurídico del Banco Central y del Banco de Reservas de la República Dominicana. Coordinador de la Comisión de Reforma de Código Civil.
Autor de artículos, ensayos y monografías sobre materia civil, penal y penitenciaria, recogidos en el libro De las Astreintes y otros escritos, publicado en abril de 1996.
Si como abogado no necesitaba presentación, como “hombre público” tampoco. Estando cerca del poder desde la época de Trujillo, quien era su primo hermano, pues su padre, Teódulo Pina Chevalier, era hermano de la madre de Trujillo. También hizo una dilatada carrera en la administración pública que incluyo Secretario de Estado, asesor legal del Ayuntamiento y del Senado, procurador general de la República y diputado al Congreso Nacional, entre otros.
En la academia, su labor fue también larga y destacada. Inició como profesor de derecho penal II de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santo Domingo en 1958. Y, en la Universidad Eugenio María de Hostos, llegó a ocupar el decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas en 1982.
Como escritor publicó más de 10 obras, entre estas su clásico “Apuntes Jurídicos” y, en septiembre de 2015, “Pensamientos y Dinámica de la Interpretación Jurídica”.
De igual forma, Pina Acevedo y Martínez fue un destacado deportista, con una carrera excelsa en el campo del boxeo.
Durante su dilatada carrera profesional, Pérez Méndez se desempeñó como juez de primera instancia del Distrito Judicial de Espaillat, durante el período 1962 a 1965; además fue procurador fiscal, notario público, fundador de la Academia Dominicana del Notariado, docente y jurista con más de 48 años de ejercicio. El Palacio de Justicia de la provincia Espaillat lleva el nombre del destacado jurista, catedrático y doctrinario, en cumplimiento de la Ley 69-19, del 28 de marzo de 2019.
Pérez Méndez fue el defensor del banquero Leonel Almonte, expresidente del Banco Universal y de Mario José Redondo Llenas, condenado por el asesinato del niño José Rafael Llenas Aybar, en 1996.
Fue luchador contra la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo y estuvo involucrado en todos los procesos democráticos que se dieron a raíz del derrocamiento del profesor Juan Bosch.
Era respetado en la abogacía por sus altos conocimientos del derecho y escritor de grandes obras judiciales, entre ellas, Formularios Anotados del Procedimiento Civil Dominicano, la cual fue su primera obra.
Ocupó varios cargos en la administración pública, entre las que se citan: gobernador de Azua, secretario de Prensa en 1962 del Gobierno de Rafael Bonnelly, secretario de Relaciones Exteriores en el Gobierno de Francisco Alberto Caamaño, diputado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en el período 1966-1970 y rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) durante 1972-1974.
A su salida de la rectoría de la UASD, se retiró de la vida política y se dedicó al ejercicio del derecho, en especial en el área civil. Su hijo Julio también es considerado como uno de los principales abogados civilistas del país.
Desde ese entonces fundó el bufete de Abogados Jottin Cury y luego, en 1988, fue nombrado consultor jurídico del Poder Ejecutivo por el doctor Joaquín Balaguer, cargo al que renunció en 1990, para dedicarse por completo a la atención de su oficina de abogados y al ejercicio del derecho, lo que estuvo haciendo hasta la hora de su muerte.
En 1949, Cury estableció en Barahona su oficina de abogados luego de haber sido gobernador de Azua y Elías Piña. Ocho años después, trasladó su bufete a Santo Domingo, fijando domicilio en la vieja calle El Conde, y mientras servía a su nueva clientela, trabajaba en la publicación de su primera obra jurídica Formularios Anotados del Procedimiento Civil Dominicano.
Derrocado el régimen trujillista, suspendió su ejercicio profesional para dedicar todo su tiempo a las luchas libradas por un pueblo que emergía a la libertad dando tumbos. Se desempeñó entonces como secretario de Prensa en el Consejo de Estado de 1962, y tres años más tarde, asumió la responsabilidad de ser el canciller del Gobierno Constitucionalista presidido por el coronel Caamaño Deñó.
Ramón Tapia Espinal sirvió más adelante como miembro del triunvirato, un comité civil ejecutivo establecido por los militares tras el derrocamiento del presidente Juan Bosch en 1963. Renunció al triunvirato en 1964.
En 1987 fue elegido por el presidente Joaquín Balaguer, para representar al Gobierno dominicano en el proceso contra el expresidente Salvador Jorge Blanco, por cargos de corrupción.
En 1997 fue seleccionado por la revista Rumbo como una de las 25 personas más poderosas e influyentes en la República Dominicana.
Fue abogado, poeta, escritor y fundador de la firma de abogados Rojas-Nina Pereyra Abogados Consultores y activista de los derechos humanos, siendo presidente del Consejo Dominicano de los Derechos Humanos (CDDH).
El jurista Domingo Rojas Nina fue miembro, redactor, revisor y secretario de la Asamblea Constituyente que modificó la Constitución en 1966.
Además, fue diputado, secretario de Estado de la Presidencia, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, director de la Defensa Civil y de la Autoridad Portuaria Dominicana.
El 11 de diciembre de 2013 la Cámara de Diputados le hizo un reconocimiento por su lucha a favor de los derechos humanos y de los intereses del país.
En 1952, el doctor Pellerano fundó la firma de abogados Pellerano & Herrera, firma de abogados donde dio continuidad a su exitosa práctica privada.
Pellerano era considerado como el principal investigador en derecho constitucional y pionero en la introducción al sistema legal dominicano del “recurso de amparo” como remedio para la protección de los derechos constitucionales.
Un experto en litigio de casos complejos y concentra su práctica legal en litigios corporativos, derecho constitucional, derecho empresarial, derecho marítimo, telecomunicaciones, seguros y derecho bancario.
El doctor Pellerano también fue uno de los educadores más influyentes del país en el ámbito de la ley. Además de ser un respetado catedrático en las principales escuelas de leyes del país.
Fue autor de varios libros que han sido referencia, y que se siguen utilizando en las escuelas de derecho, además de recibir la más alta distinción con la medalla Caballero de la Orden del Mérito Duarte, Sánchez y Mella, otorgado por el Presidente de la República, y una exaltación en la publicación británica Chambers Global, que ha divulgado que el doctor Juan Manuel Pellerano Gómez era considerado el más conocido y más completo abogado en la República Dominicana, un “abogado de los abogados”.
Dentro de las funciones que le tocó desempeñar Ibarra Ríos, figura la de procurador fiscal del Distrito Nacional (1978- 1980); Secretario de Estado de Deportes, Educación Física y Recreación (1980-1981) y Secretario de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos (1981-1982) y asesor jurídico del Senado de la República (1982-1984).
Fue nombrado como juez de la Suprema Corte de Justicia en 1997.
Militó en el Movimiento Revolucionario 14 de Junio, en el Partido Revolucionario Dominicano y estuvo un tiempo con el profesor Juan Bosch, en el Partido de la Liberación Dominicana, como consultor jurídico. Durante los 12 años del Gobierno de Joaquín Balaguer fue abogado de decenas de presos políticos de manera gratuita.
Entre sus méritos se destacan que tuvo a su cargo, por orden del presidente Antonio Guzmán (1978-1982) poner en ejecución de la Ley de Amnistía, que puso en libertad a cientos de dominicanos apresados arbitrariamente por Balaguer. Esa misma ley permitió el retorno de los exiliados. Fuente;listindiario
