BBC Mundo. A menos de seis meses del inicio de
su segundo período de gobierno, Barack Obama está inmerso en una
seguidilla de escándalos que bien podrían terminar definiendo cómo
pasará a la historia.
Una serie de filtraciones relativas a la seguridad nacional tienen al
gobierno a la defensiva y dejan en evidencia el nivel de
discrecionalidad y de secretismo con el que se administran las polémicas
leyes que autorizan vigilancias cuando se sospecha de actividades
extremistas.
El caso de la masiva obtención de datos de la telefónica Verizon o el
seguimiento de usuarios de Internet que se conoció la semana pasada por
la información que suministró a la prensa el ex asistente de la CIA
Edward Snowden han aumentado la presión sobre Obama, al tratarse de
operaciones de vigilancia estatal que tienen al menos el potencial de
abarcar a segmentos grandes de la población sobre los que no recae
evidencia de actividad ilegal.
Más allá de las consideraciones políticas y naturales reacciones
partidista, cada caso toca el área de los derechos ciudadanos de una
manera distinta, desde la libertad de expresión y presunción de
inocencia, hasta el derecho a la privacidad y la igualdad ante la ley. Y
cómo se supeditan o no al "máximo interés" de la seguridad nacional.
Para muchos resulta irónico que un presidente que llegó al poder
cuestionando los excesos cometidos en nombre de la llamada "guerra
contra el terrorismo" esté siendo señalado por sus propios excesos al
usar las herramientas legales que tanto criticó antes de llegar a la
Casa Blanca.
1. Los teléfonos de AP
A principios de mayo, el Departamento de Justicia le informó a la
agencia de noticias Associated Press (AP) que el gobierno había obtenido
registros de llamadas de 20 líneas de la agencia, entre números de
oficinas y teléfonos personales de algunos periodístas.
Aunque AP aseguró que no se le explicó la razón de la investigación,
la agencia lo vínculo a un artículo prublicado en mayo del 2012 en el
que se revelaba el desmantelamiento de un supuesto plan de atentado por
parte de al-Qaeda que se originó en Yemen.
El presidente de AP Gary Pruitt, calificó la acción del departamento
de Justicia como "una intrusion masiva y sin precedentes" y "una seria
interferencia con los derechos contitucionales de AP".
Los profesionales de la prensa han visto en la acción del gobierno un
indebido intento de identificar una fuente de información que se supone
protegida por la sacrosanta confidencialidad que establece cuando entra
en relación con un periodista.
Para el gobierno se trata de capturar a un "soplón" que consideran
que ha puesto en riesgo la seguridad nacional revelando secretos
clasificados.
2. Verizon e internet
Lo que involucraba a unos pocos números telefónicos en el caso de AP
se convirtió en millones en el de la filial estadounidense de la
telefónica Verizon y potencialmente más aún en el de la vigilancia de
usuarios de internet.
La semana pasada el diario británico The Guardian y el
estadounidenseThe Washington Post presentaron datos obtenidos del
exasistente técnico de la CIA, Edward Snowden, que evidenciaban que la
Agencia Nacional de Seguridad (NSA) mantenía un sistema regular de
obtención de datos telefónicos aprobado por una corte secreta.
La reacción de la Casa Blanca y del Congreso dejó en claro que se
trataba de una práctica común, de vieja data y que cuenta con respaldo
legal en las polémicas Ley Patriota y la Ley de Vigilancia de
Información Extranjera (FISA) heredadas de tiempos de George W. Bush.
"Nadie está escuchando sus llamadas", aseguró el fin de semana el
presidente Barack Obama aclarando que no se trata de "escuchas
telefónicas", sino que, al igual que en el caso de AP, lo que se recoge
es la llamada "metadata".
Además, el mandatario defiende la legalidad de la medida argumentando que está "aprobada por todas las ramas del Estado".
Pero los grupos de derechos civiles han cuestionado la laxa
interpretación que asegura que hace el departamento de Justicia de las
de por si polémicas leyes, del secreto en el que se mantiene todo el
proceso y del amplio alcance, cosa que estaría reñida con la Cuarta
Enmienda de la Constitución que protege a los ciudadanos de "búsquedas
injustificadas".
3. Los impuestos del Tea Party
En mayo pasado, casi simultáneamente con la noticia sobre AP, un
informe interno de la Oficina de Impuestos (IRS, por sus siglas en
inglés) reveló que se habían usado "criterios inapropiados" para otorgar
estatus especiales de rebaja de impuestos a organizaciones sin fines de
lucro vinculadas al llamado Tea Party, el ala más conservadora del
Partido Republicano.
El reporte del Inspector de Administración de Impuestos indicaba que
se había represado solicitudes de estas organizaciones cuando aparecían
en sus nombres alusiones al Tea Party o su retórica o sus agendas eran
consideradas ultraconservadoras.
Una de las preocupaciones del IRS era que estos grupos, al declararse
como "promotoras del bienestar social", se acogieran a exenciones a las
que no tendría derecho de reconocer que realizan actividades de
proselitismo político.
Aunque esas prácticas ya habrían sido descontinuadas y el comisionado
interino Steven Miller renunció a su cargo, el FBI abrió una
investigación criminal sobre el caso.
Sin embargo, para los demócratas el escándalo podría complicarles las
elecciones de medio término para el Congreso y, por lo pronto, han
revivido el movimiento conservador que tras sus éxitos del 2010 había
perdido influencia dentro del Partido Republicano.
De hecho, diferentes sondeos de opinión indican que el del IRS y
el Tea Party es el escándalo que más preocupa a los estadounidenses,
mientras que el de las escuchas telefónicas les resulta el menos
importante.
4. Ataque en Bengasi
Antes de esta retahíla de escándalos, el flanco preferido de los
ataques republicanos al gobierno era los fallos de seguridad que en
noviembre de 2012 facilitaron un ataque al consulado estadounidense en
Bengasi, Libia, causándole la muerte al embajador estadounidense en
Libia Christopher Stevens y otros tres estadounidenses.
El recuerdo de Bengasi se reactivó en días pasados con el
nombramiento de la actual embajadora ante la ONU, Susan Rice, como nueva
asesora de seguridad nacional del presidente Obama.
Varios congresistas republicanos recordaron que Rice no pudo
sustituir a Hillary Clinton en el departamento de Estado, porque la Casa
Blanca sabía que no contaría con la aprobación del Comité de Exteriores
y cuestionaron el nuevo nombramiento.
Rice es vista por los republicanos como una de las principales
promotoras de lo que consideran una campaña de desinformación del
ejecutivo que no reconoció en primera instancia que el ataque a la
embajada había sido una acción premeditada y que hubo un fatal fallo de
inteligencia.
Como consecuencia de la polémica cinco comités del Congreso abrieron
sendas investigaciones. En abril los integrantes republicanos
presentaron un informe preliminar en el que aseguran que el gobierno no
reforzó la seguridad de los diplomáticos en Libia pese a contar con
información que así lo aconsejaba.
Además señalaron que la Casa Blanca construyó un relato impreciso de
los eventos y al final culpó a las agencias de inteligencia por los
huecos que la versión oficial presentaba.
5. Rápido y Furioso
Los casos de AP y de Verizon han renovado la presión sobre el
secretario de Justicia, Eric Holder, quien en junio de 2012 se convirtió
en el único miembro de gabinete de un gobierno estadounidense en ser
declarado en desacato acusado de obstruir una investigación del
Congreso.
La investigación era sobre Rápido y Furioso, el fallido plan de la
oficina de Alcohol, Tabaco y Armas, dependiente del departamento de
Justicia, con el que intentaban rastrear armas ilegales en su ruta hacia
carteles de la droga mexicanos.
El rastreo no tuvo éxito y 2.000 armas usadas en el programa
desaparecieron, hasta que dos de ellas fueron usadas en un tiroteo en
diciembre de 2010 en Arizona el que murió un agente de la Patrulla de
Fronteras estadounidense.
La muerte del oficial aceleró una investigación parlamentaria abierta
desde 2009 -y que Holder consideró un decisión "políticamente
motivada", por tratarse de año electoral- en la que su oficina no
suministró toda la información que se le solicitó sobre el programa.
Incluso cuando Holder quiso limar asperezas con la prensa tras el
escándalo de AP su oficina convocó a reuniones off the record, lo que a
muchos medios les pareció irónico y un intento de ocultar cosas a la
esfera pública por lo que algunos no asistieron a los encuentros.
Muchos observadores en Washington piensan que la confluencia de todas
estas tormentas políticas sobre el departamento de Justicia bien
podrían resolverse con la salida de Holder del cargo, una movida que
sería vista por algunos como una manera de la Casa Blanca calmar las
exigencias de responsabilidad que hace parte importante del público.
