SANTO
DOMINGO, República Dominicana, .- Instituciones y funcionarios del
gobierno están haciendo contratos millonarios durante el período de
transición cuyos compromisos abarcan más allá del 16 de agosto, fecha en
que los destinos del país serán asumidos por nuevas autoridades.
La denuncia fue hecha este viernes por el
presidente de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) Trajano Vidal Potentini Adames, quien deploró
la supuesta actitud de algunos funcionarios públicos que en el proceso
de transición están suscribiendo contratos de licitaciones y compromisos
que van más allá de su mandato.
Trajano Potentini explicó que se trata de
compromisos que envuelven cientos de millones de pesos en unos casos, y
en otros de dólares.
Portentini cita entre las instituciones envueltas
con esos contratos al Ministerio de Educación, con los apresto para
adquirir en el extranjero 766 millones de pesos, incluso en detrimento
de las empresas locales, y el Ministerio de Obras Públicas con la
licitación de la continuación y ampliación del Viadon Santo Domingo”.
El presidente de la fundación señaló que para la
FJT también es motivo de gran preocupación el intento de la Corporación
Dominicana de Empresas Estatales Eléctricas (CDEEE), en la persona de su
vicepresidente ejecutivo, Celso Marranzini, “el tratar de licitar y
adjudicar antes del 16 de agosto operaciones y contratos por el orden de
los 4,000.00 millones de dólares.
Asimismo, “el contrato grado a grado por ochenta
millones de dólares otorgado hace algunas semanas por la CDEEE en
violación a la Ley 340-06, y las pretensiones consignadas en el
presupuesto complementario por otros 500 millones de dólares para ser
destinados subsidiar el deficiente y mal administrado sector eléctrico,
situación por la cual el señor Marranzini será cuestionado el próximo
martes por una comisión bicameral del congreso nacional”.
Trajano Potentini, presidente de Justicia y
Transparencia, dijo que “pese a reconocer que el mandato constitucional
termina el próximo 16 de agosto y con ello el ejercicio de los ministros
y demás funcionarios, entiende que la prudencia impone dejar a las
próximas autoridades planificar y asumir conforme la situación heredada
los nuevos compromisos de Estado”.
Insistió en que es preocupante la falta de tacto y
prudencia de algunos funcionarios que no han asimilado que habrá un
cambio de administración y que el país está atravesando una crisis
económica que impone un espíritu de comprensión y coordinación para con
las nuevas autoridades.
La FJT le recordó a los incumbentes de
instituciones públicas que todas sus ejecutorias y acciones tienen
vocación de ser revisadas e incluso anuladas por las autoridades
entrantes.
Siginificó que el “largo periodo de tres meses
para la transición trae inconvenientes como el planteado, además de la
España boba que se genera a lo interno del manejo de la cosa pública;
razones más que suficientes para contemplar en una eventual reforma a la
constitución dominicana disminuir el plazo de los tres meses para la
entrega de mando a solo un mes como ocurre en la mayoría de los países”.
